Equipo Objetivo
El Ministerio de Energía dio a conocer una propuesta para enfrentar el proceso instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que solicitó a las empresas distribuidoras eléctricas efectuar el cobro de los saldos pendientes asociados al Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondientes al periodo 2020–2024. Se trata de la última etapa del impacto generado por el congelamiento de tarifas eléctricas aprobado en 2019.
Según lo informado, la SEC estimó que la deuda de los clientes con las distribuidoras eléctricas alcanza aproximadamente $734 mil millones, cifra que equivale al 11% de la deuda total provocada por el congelamiento tarifario.
El ministro de Energía, Álvaro García, planteó que la fórmula busca ser transparente, con un plazo definido y socialmente progresiva.
En ese marco, sostuvo: “Nosotros vamos a proponerle a las próximas autoridades una forma de pago de esta deuda coherente con lo que ya se hizo en el caso de la deuda de las generadoras, una fórmula solidaria que le permita a la población más vulnerable no pagar el incremento en la deuda eléctrica. Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución, que asciende a $1.450 adicionales al mes para todos los clientes regulados residenciales, por 48 meses”.
La propuesta contempla un ajuste tarifario homogéneo para todos los clientes residenciales, independientemente de la empresa distribuidora o del saldo individual adeudado. La idea es establecer un cargo único por unidad de energía para simplificar el proceso y, según el planteamiento del ministerio, aliviar especialmente a clientes de zonas rurales.
En paralelo, el Ejecutivo propuso un subsidio para cubrir las alzas asociadas a la reliquidación en los hogares pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH). El objetivo, de acuerdo con el diseño presentado, es que el subsidio más el cargo único permitan extinguir completamente la deuda de los clientes.
Sobre este punto, García afirmó: “Proponemos un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del RSH, mismo procedimiento que se aprobó unánimemente en el Senado y por una gran mayoría en la Cámara de Diputados. Ese subsidio es equivalente a menos de un cuarto de lo que en este semestre se está gastando en subsidio eléctrico, y también es inferior a lo que el gobierno va a recaudar por el incremento tarifario. Por lo tanto, es perfectamente posible de financiar ya que no genera ningún déficit fiscal, pero sí introduce la solidaridad que creemos el país debe tener. Por lo tanto, se trata de una propuesta realista y solidaria que esperamos el próximo gobierno acoja y lo transforme en un proyecto de ley durante el mes de marzo próximo”.
El ministro también contextualizó la medida dentro del proceso de normalización impulsado durante la actual administración. En ese marco, recordó que el Gobierno abordó una deuda superior a US$6.000 millones vinculada al congelamiento tarifario, mediante mecanismos legales de estabilización y pago gradual, junto con un subsidio eléctrico que —según el ministerio— ha beneficiado a 1,8 millones de hogares vulnerables del 40% de menores ingresos del RSH.
En la presentación, García explicó: “La SEC acaba de dar a conocer los resultados de su investigación sobre la deuda con las empresas distribuidoras eléctricas como resultado del período de congelamiento tarifario que hubo a partir de 2019. Con esto concluimos el proceso de definir cómo se va a devolver la plata a las empresas eléctricas. El nuevo gobierno nos ha hecho ver la importancia de que cerremos la mayor cantidad de procesos pendientes, y este era el más significativo y por eso nos hemos acelerado en concluir la investigación y en hacerla pública”.
El Ministerio de Energía señaló que la propuesta será entregada como insumo a la administración entrante, con el objetivo de encaminar el pago de la reliquidación y atenuar su impacto en las familias. En esa línea, la cartera sostuvo que está planteando una alternativa “técnica jurídica y financieramente viable”, orientada a cerrar el proceso de normalización minimizando el efecto en las tarifas eléctricas.
